CONSEJOS DE SALARIOS
Vivir no solo cuesta vida
En estos meses va a estar sucediendo en Uruguay un proceso de discusión muy relevante para nuestras condiciones de vida. Se inicia la XI Ronda de negociación colectiva, lo que implica poner en debate las condiciones salariales, laborales y el modo en que estas afectan, mejoran o tensionan los modos en que vivimos. Las pautas del Poder Ejecutivo, si bien enuncian la intención de mejorar las condiciones para las trabajadoras/es en peores condiciones, no logran brindar garantías para que esto se materialice y dejan por fuera de estas medidas a sectores de la población que sin dudas también requieren de una mejora sustantiva en sus condiciones laborales y de vida.
Producir, negociar y repartir
Desde 1943 en Uruguay existe un espacio institucionalizado para negociar el salario y las condiciones del empleo. Este espacio no ha sido siempre igual y tampoco ha funcionado en todos los períodos, más bien ha dependido de la voluntad política de los gobiernos de turno. Desde el 2005 se retomó este ámbito tripartito de negociación y han transcurrido ya diez rondas de negociación colectiva ininterrumpidas desde ese momento.
Las negociaciones colectivas condensan intereses contrapuestos entre sujetos políticos, social y económicamente muy diferentes. Son espacios donde se encuentran los representantes del capital, organizados gremialmente en cámaras empresariales, la representación de los y las trabajadoras organizados en sindicatos y el Estado representado políticamente por el partido de gobierno electo. En la confluencia de estos sujetos se delinea el contorno y densidad de una puja distributiva que va a condicionar el modo en que se va a producir en el país, cómo se va a distribuir el fruto de ese esfuerzo productivo y cómo esto afecta nuestras vidas. Esta disputa no se da sobre hoja en blanco, carga con la configuración actual resultado de una historia y comienza, además, con las reglas que propone el Poder Ejecutivo en cada negociación: los lineamientos de los Consejos de Salario.
Son las pautas que el gobierno propone para dar marco a la negociación. No hay asepsia ni neutralidad en estas pautas, vienen siempre teñidas de sentido político y responden a los objetivos macroeconómicos que se traza cada administración: contener la inflación, bajar el déficit fiscal, mejorar la competitividad del país, lograr crecimiento del producto, etc. Además, lo que ocurra con los salarios impacta directamente en el valor de las pasividades ya que estas se ajustan de acuerdo al Índice Medio de Salarios. Por tanto, los lineamientos también se piensan sabiendo que esto determina la evolución de uno de los componentes más importantes del gasto público.
El saldo distributivo del COVID-19
(spoiler alert: gana el capital)
En los años del COVID-19 hubo un fuerte avance del capital sobre el trabajo. Este avance regresivo no fue casual ni espontáneo. Ya desde el 2016 con el desaceleramiento de la economía, las pautas del Poder Ejecutivo dejaron de garantizar el mantenimiento o crecimiento del salario real. Los lineamientos salariales del Poder Ejecutivo durante las rondas de negociación en pandemia configuraron un escenario explícito de pérdida salarial y en el 2020 y 2021 no hubo negociación propiamente dicha en casi ninguna rama. Fue el costo que asumió la clase trabajadora para, parafraseando al ex presidente Lacalle Pou, mantener funcionando “el motor de la economía”, el enorme pelotón que debe beneficiar a los “malla de oro”. Ese motor se sostuvo con una pérdida sistemática de salario real desde 2019 a 2022 momento que comenzó la recuperación, alcanzando valores un poco por encima al del 2019 en la actualidad. La pérdida de salario real significa que el mismo dinero ya no alcanza para comprar lo mismo que antes. La provisión de bienes y servicios que se necesitan para reproducir la vida se ve tensionada, y también el trabajo doméstico y reproductivo asociado a esto. Porque la vida igual se sigue sosteniendo sólo que a costa de una mayor dedicación de tiempo, esfuerzo, privaciones y preocupación.
La recuperación reciente de la capacidad de compra del salario no le devuelve a nadie esa recarga de gas no hecha para la estufa, esos championes no comprados o los paseos que no fueron. Hay una pérdida que queda alojada allí, en los cuerpos, mentes y vivencias de esas trabajadoras/es. Esa pérdida situada, vivida, no podemos medirla, pero sí podemos decir que entre 2019 y 2023 la pérdida de estos ingresos laborales fue de aproximadamente 4.532 millones de dólares, lo que equivale al 8.3% del PIB de 20191.
El peso del contexto
Así como hubo un avance recesivo de los años del COVID-19, hubo en el país una mejora distributiva en los años de gran expansión económica post crisis 2002. Más allá de las improntas del gobierno de turno, el contexto macroeconómico imprime mejores o peores condiciones para lograr una distribución más justa del ingreso. ¿Qué podemos esperar para los próximos años? En las encuestas de expectativas que publica el Banco Central del Uruguay -BCU-, los especialistas prevén un crecimiento del producto real de 2,5% para el 2025 y de 2% para el 2026 y el 2027. Esto quiere decir que se espera que el valor producido aumente. Para garantizar un reparto igual al existente -que no quiere decir que sea el deseado, más bien está aún muy lejos- la masa salarial real debería aumentar en valores similares a ese crecimiento del producto. Esto es posible expandiendo el empleo (más personas cobrando salarios) y/o mejorando en términos reales el precio del trabajo (el salario). Para que el salario real aumente, el salario nominal tiene que subir más que los precios de los bienes y servicios que consumimos, es decir, más que la inflación. .¿Qué podemos esperar para los próximos años? En las encuestas de expectativas de inflación que publica el BCU, los especialistas prevén una inflación de 5,31% para el próximo año móvil (junio/25 -mayo/26) y de 5,20% para el siguiente (junio/26 - mayo/27). Por tanto, a priori, confiando en estas expectativas, el salario debería crecer al menos esos porcentajes para mantenerse, y 2,5% y 2% adicionales cada año respectivamente para crecer en la misma proporción del producto, suponiendo que el empleo se mantiene similar. Si no se da esa suba real del salario, el crecimiento del producto se lo apropian los empresarios.
Los lineamientos propuestos por el Poder Ejecutivo para esta XI Ronda de negociación no garantizan esa suba real, ni ninguna otra. Establecen unas pautas de aumento nominal que pueden llegar a dar como resultado una pequeña suba, sólo si la inflación se comporta como lo esperado y sólo para el 30% de las trabajadoras/es de salarios más bajos. No está previsto que los salarios aumenten equis por ciento encima de la inflación, como ocurrió en pasadas rondas, sino que se da un porcentaje de aumento nominal y esto puede derivar en que la suba real sea mayor, menor o nula dependiendo de lo que ocurra con los precios.
Definiciones políticas: los lineamientos
del gobierno para esta XI Ronda
La propuesta del Ejecutivo es que se realicen convenios colectivos a dos años, con aumentos nominales de salario cada seis meses y correctivos por inflación anuales. Se propone una clasificación de las trabajadoras/es en tres niveles según rangos de salarios y cada nivel tiene distintos porcentajes de aumento salarial semestral y distintos mecanismos de ajuste anual en caso de que los precios evolucionen por encima de los salarios. Vayamos por nivel:
Nivel 1: este nivel abarca al 30% de las trabajadoras/es de menores salarios, hasta $38.950 nominal. Para este nivel se proponen aumentos que, en el mejor de los casos, implicarán una mejora del poder de compra de 1,5% para el primer año y de 1,2% para el segundo. Decimos en el mejor de los casos, porque esto depende de que la inflación efectivamente sea tan baja como se espera. En el peor de los casos, si la inflación supera el aumento nominal, se tolera que haya una pérdida de poder de compra de hasta 0,5%. Si la pérdida es mayor a 0,5%, se aplica un correctivo por inflación pero asumiendo esa pérdida. ¿Cuál es el sentido de intentar conceder aumentos reales pero aceptar que igual pueda ocurrir una pérdida de 0,5%? Ninguno, tolerar esa pérdida es una definición política. Veremos más adelante que también es una definición política que para corregir la pérdida salarial no se tome en cuenta la suba de los precios de frutas, verduras y combustibles, siendo que el gasto en alimentación es el más relevante en los sectores más pobres e insume cerca de un cuarto del ingreso de estos hogares. La buena noticia, es que al final del convenio, 24 meses después, sí puede corregirse toda la pérdida salarial si es que la hubo, y en este caso sí se tomará como indicador para comparar la evolución salarios/precios al IPC “común”, que incorpora todos los precios del consumo.
Nivel 2: este nivel abarca al 64% de las trabajadoras/es que cobran entre $38.950 y $165.228 nominales. Lo primero que cabe señalar es que este nivel involucra situaciones claramente muy dispares. Un nivel con las mismas reglas para el 64% de las trabajadoras/es contradice la intención de atender la desigualdad de ingresos dentro de la clase trabajadora y termina desprotegiendo a la parte más baja de este nivel, al imponerle las mismas condiciones que a la parte más alta: la distancia material entre alguien que cobra $38.950 y alguien que cobra $165.228 es inmensa.
Para este nivel se proponen aumentos que, en caso de que la inflación se comporte como lo esperado, implicarán una mejora del poder de compra de 0,4% para el primer año y de 0,1% para el segundo, casi un empate. Si la inflación supera el aumento nominal, la tolerancia de pérdida de salario real para esta franja es del 1% y también se toma la inflación subyacente para el correctivo del primer año. Al finalizar el convenio sí se corrige toda la pérdida, considerando para esto el IPC “común”.
Nivel 3: este nivel abarca al 4% de las trabajadoras/es con salarios más altos (más de $165.228 nominales). Para este nivel, los aumentos nominales no alcanzan a superar los valores de la inflación esperada, por lo que se espera una pérdida de 0,9% para el primer año y de 0,5% para el segundo, sin previsión de ningún tipo de correctivo.
Es importante señalar que estos lineamientos no son ilustrativos, son lo máximo que el Ejecutivo admite. Desde el gobierno no se va a acompañar ninguna medida que supere estas propuestas: si hubiera desacuerdo entre patrones y sindicatos el Ejecutivo se ciñe a sus pautas para votar. Para arriba hay rigidez, el Ejecutivo no acompaña mejoras pero a la baja hay flexibilidad. El Ejecutivo anunció estar dispuesto a facilitar descuelgues, es decir a aceptar que algunos grupos de negociación acuerden condiciones menos favorables para las trabajadoras/es de las que figuran en estas pautas.
¿Qué culpa tienen los tomates?
La inflación que se toma para los correctivos del primer año se conoce como “subyacente” y es aquella que no considera los precios de las frutas y verduras ni los precios de los combustibles y es medida a través del IPC-CE, IPC con exclusiones. Tomar la inflación subyacente busca considerar sólo los componentes estructurales de la inflación. Se inspira en la idea de que los salarios indexados (es decir, salarios atados al IPC) pueden generar presiones inflacionarias. Como el IPC incorpora precios más volátiles como los de frutas y verduras, esa indexación puede trasladarse a componentes más estructurales de la inflación. Es una afirmación que tiene sentido teórico, pero carece de cierto respaldo empírico que demuestre que efectivamente existe esa transmisión de salarios a precios en nuestro país. Un estudio de CINVE que respalda esta idea, aunque un poco antiguo ya que data del 2011, muestra que sí opera cierta transmisión de salarios indexados a la inflación subyacente pero que esta transmisión es del orden del 30%.
Si bien los datos del INE muestran que ambas inflaciones en períodos anuales se mueven muy similares, en contextos de suba de estos precios excluidos, ajustar menos porque se toma la inflación estructural puede perjudicar al colectivo que las pautas intenta mejorar. Dada la actual coyuntura geopolítica, es en los precios de alimentos y combustibles donde existe mayor incertidumbre. Además, vale recordar que la LUC realizó un cambio en la forma de fijar los precios de los combustibles haciendo estos más volátiles, dejando más permeable a los vaivenes del precio del petróleo.
Empezar por casa, decían nuestras abuelas
La negociación colectiva no sólo es la disputa por mejorar o garantizar niveles salariales, se juegan muchos elementos que hacen a nuestras vidas: mantener o mejorar la capacidad de compra, mantener o disminuir la duración de la jornada laboral, incorporar o negar los cuidados, mejorar la seguridad laboral, el clima de trabajo, prestaciones de alimentación o salud, capacitación, acuerdos sobre reinserciones laborales, partidas especiales, mejoras en materia de licencias o bonificaciones, acuerdos sobre formas de organizar el trabajo, sobre formas de participación sindical y otras tantas aristas que puedan abrirse. Todos estos elementos, hacen a la vida dentro y fuera del recinto del empleo y podrían ser parte de la negociación colectiva, si se les diera cabida. Los espacios de negociación son oportunidades para colocar exigencias, aspiraciones y propuestas que apunten al cuidado personal y colectivo.
Los lineamientos publicados por el Poder Ejecutivo para esta XI Ronda también incorporan elementos que apuntan a la esfera no salarial de la negociación. Se habla de promover la igualdad y no discriminación, de promover la corresponsabilidad de cuidados, de atender a la salud mental, a la formación profesional, el turismo social, impulsar la seguridad y salud en el trabajo, la prevención y solución de conflictos y otras iniciativas que puedan surgir por acuerdo de las partes. Incentivar este tipo de acuerdos a nivel de ramas resulta muy interesante y valioso, las mejoras en las condiciones de trabajo son tan importantes como los niveles salariales. De hecho, muchos de estos ítems ya se han implementado en pasadas rondas de negociación y varias leyes nacionales que amplían derechos en este aspecto provienen de innovaciones que surgen a nivel de rama y que luego se expande como leyes generales2.
Es tiempo de que se avance a nivel macro en universalizar o al menos amplificar las innovaciones que ya existen a nivel de rama en todos estos ítems que plantean estos lineamientos. Por ejemplo, que los días pagos para atender necesidades de cuidados estén garantizados para todas las trabajadoras/es y que no sea parte del desgaste de la negociación. Si se asume desde el Estado esta expansión y se garantizan estos avances que hoy sólo benefician a algunos sectores de actividad, dejaría mayor margen para que las negociaciones puedan avanzar en caminos menos explorados como transitar hacia la reducción de la jornada laboral, elemento central para recuperar tiempo vital, u otro tipo de innovaciones donde avance la vida por sobre todas las cosas.
1 Datos tomados de “Una recuperación desigual: masa salarial y distribución del ingreso después de la crisis”, De Rosa, M; Sánchez, G; Vigorito, A y Vilá, J. IECON, 2024
2 Pueden verse trabajo que han sistematizado estos procesos: Gallo, Sanguinetti y Núñez (2022), Gallo (2020) y ESTUDIOS DE TRABAJO Y SEGURIDAD SOCIAL N.º 4 (2020)
